Por: Bryam Benavides Herrera, profesor Facultad de Derecho de la UTB.
La revolución informática ha estado acompañada de innumerables beneficios para la vida moderna; sin embargo, el uso de las tecnologías también conlleva múltiples desafíos. Uno de ellos es la proliferación de conductas punibles a través de medios digitales, lo que ha desencadenado una nueva categoría de crímenes conocida como los delitos informáticos/cibernéticos.
Los cibercrímenes abarcan una amplia gama de actividades ilegales que se llevan a cabo a través de plataformas electrónicas. Estos comportamientos van desde el acceso abusivo a los datos personales y financieros hasta la difusión de programas maliciosos con el objetivo de coaccionar a las víctimas. Según cifras de la Fiscalía General de la Nación dichos ilícitos son cada vez más comunes, presentándose cerca de 79.000 casos activos en investigación para el año 2022.
Uno de los principales desafíos del derecho penal en lo que respecta a los delitos informáticos es el ajuste efectivo de la legislación. Un importante avance se produjo con la expedición de la Ley 1273 del 05 de enero de 2009 que creó un nuevo bien jurídico tutelado “la protección de la información y de los datos” tipificando el hurto por medios informáticos, la transferencia no consentida de activos, la violación de datos personales, el daño informático, entre otros.
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La complejidad de estas conductas implica no solo transformaciones legales sino también avances en la investigación criminal. Uno de los retos a los que se enfrenta la policía judicial es la capacitación técnica para la recolección de elementos materiales probatorios digitales, y su vinculación para la identificación de los posibles autores o participes de los hechos denunciados, muchos de ellos cometidos en el anonimato o desde el extranjero.
Adicionalmente, son requeridos grandes esfuerzos por la administración de justicia. Cuando los jueces se enfrentan a delitos cibernéticos, deben acudir a conceptos totalmente ajenos a su disciplina (phishing, smishing, pharming, entre otros) En este punto, la academia tiene un rol preponderante para que en la enseñanza del derecho y nuevas tecnologías puedan incorporarse estos conocimientos a la doctrina y jurisprudencia penal.
Finalmente, es importante destacar que, independientemente a la innovación normativa para castigar los delitos informáticos, una de las estrategias preventivas más exitosas es la educación para la autoprotección en línea, promoviendo un uso responsable y ético del internet.
